Implantes dentales: qué influye en el precio y qué paga el sistema público

En general, no. La cartera común de atención primaria (Real Decreto 1030/2006, anexo II, apartado 9) incluye, entre otras actuaciones, el tratamiento de procesos agudos odontológicos, las extracciones y la detección precoz de lesiones, con prestaciones adicionales para menores de hasta 14 años, embarazadas, determinadas personas con discapacidad y pacientes oncológicos del territorio cervicofacial. En cambio, excluye expresamente los implantes dentarios y las prótesis dentales, la ortodoncia y los tratamientos con finalidad exclusivamente estética.

La excepción está en la prestación ortoprotésica (anexo VI): el implante dental se contempla para pacientes con procesos oncológicos que afectan a la cavidad oral y que pierden dientes por la enfermedad o su tratamiento, y para pacientes con malformaciones congénitas que cursan con anodoncia (por ejemplo, fisurados o displasia ectodérmica). Si este es su caso, pregunte primero en su servicio de salud.

Algunas comunidades autónomas tienen carteras complementarias propias. Consulte las prestaciones vigentes de la suya antes de decidir.

El Real Decreto 81/2014, que incorpora la Directiva 2011/24/UE, permite recibir asistencia en centros públicos o privados de otro Estado miembro, adelantar el pago y pedir después el reembolso. Lo tramita la administración sanitaria competente: normalmente el servicio de salud de su comunidad autónoma, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) o su mutualidad.

Hay tres límites importantes. Solo se reembolsa lo que figura en la cartera común del SNS o en la complementaria de su comunidad; el importe se calcula con las tarifas públicas de esa administración y nunca supera el coste real; y deben cumplirse las mismas condiciones que en España, incluida la valoración previa cuando el SNS la exige. Como los implantes y las prótesis están excluidos con carácter general, en la mayoría de los casos no habrá reembolso por ellos.

La autorización previa se exige, según el anexo II del Real Decreto 81/2014, para la asistencia que implique pernoctar al menos una noche en un hospital y para determinadas técnicas de alta especialización. El formulario S2 corresponde a otra vía (los reglamentos de coordinación de la Seguridad Social) y no suele aplicarse a la odontología privada. Consulte las normas vigentes con su servicio de salud o con el Punto Nacional de Contacto antes de viajar.

• Plazo: tres meses desde la fecha de pago para solicitar el reembolso.
• Documentación: facturas originales pagadas con desglose de conceptos, importes y fechas, y copia de la prescripción o del informe clínico.
• Respuesta: la administración dispone de tres meses para resolver.

El precio de «un implante» rara vez es el precio final. Un tratamiento completo suele incluir varias fases, y cada una puede presupuestarse por separado. Lo que su dentista decida tras la exploración determina qué fases necesita usted.

• Diagnóstico: exploración, radiografías y, a menudo, un TAC o CBCT.
• Cirugía: colocación del implante y, si falta hueso, injerto óseo o elevación de seno.
• Componentes: el pilar y la corona o puente, además del material elegido.
• Número de visitas: suele haber un periodo de cicatrización entre la colocación y la prótesis definitiva.
• Si se trata fuera: vuelos, alojamiento y días de trabajo para cada viaje.
• Seguimiento: revisiones, ajustes y quién los hará cuando vuelva a España.

En España, el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores (art. 60) obliga al empresario a informar antes del contrato del precio total, impuestos incluidos, o, si depende de un presupuesto, de la forma en que se determina. Pida lo mismo a cualquier clínica, aquí o fuera: un plan de tratamiento y un presupuesto por escrito, detallado partida por partida.

Para comparar de forma justa, compruebe que ambos presupuestos incluyen las mismas fases y el mismo número de implantes y piezas, y sume al presupuesto extranjero el coste de los viajes necesarios y del seguimiento en España.

• Marca y sistema del implante, y tipo de pilar y corona.
• Si incluye pruebas diagnósticas, injertos, provisionales y revisiones.
• Cuántas visitas y cuántos días de estancia prevé cada fase.
• Condiciones de garantía y si exigen volver a la clínica.
• Qué ocurre con el precio si el plan cambia tras la exploración.

Cuando el servicio se presta exclusivamente en otro país, las reglas de protección del consumidor del Reglamento Roma I no imponen la ley española: rige la ley que se pacte y, a falta de pacto, normalmente la del país de la clínica. Pregunte por escrito qué ley y qué vía de reclamación se aplican.

Para conflictos con empresas de otros países de la UE, Noruega e Islandia, el Centro Europeo del Consumidor en España ofrece asesoramiento. Cada país de la UE tiene además un Punto Nacional de Contacto que informa sobre la asistencia sanitaria transfronteriza.